A constitucionalidade do poder regulamentar das agências reguladoras

Abstract

La intervención del Estado en economía, en el contexto de la formación del Estado Democratico de Derecho, han experimentado grandes cambios. Durante el Estado liberal, la conduta de Estado fue interferir lo menos posible en el mercado. Los servicios, actualmente adoptados como públicos, fueron ejercidos por el sector privado, sin la interferencia pública. Debido a la crisis del capitalismo, el Estado se ha convertido en Intervencionista, agregando una amplia gama de servicios. Estábamos en la era del Estado empresario. El Estado, sin embargo, no pudía soportar tamaños de las inversiones. Vuelve a interferir menos en el mercado. El Estado passa a proporcionar concesiones para prestar los servicios que antes estaban bajo su monopólio a entidades privadas, pero bajo su control y supervisión. Tenemos aquí la formación del Estado Regulador. En Brasil, el proceso de desestatização se produjo a mediados de los 90. Muchas obras y servicios fueron privatizados, concedidos e autorizados a las empresas privadas. La complejidad, el dinamismo y la tecnicidad tecnicismo de estas áreas demandavam una nueva forma de regramento. Con el fin de aplicar el principio de eficiencia, de mantener la calidad de los servicios, un modesto tarifas, luego se crearon las agencias reguladoras. Estos organismos especiales realizan muchas funciones con una autonomía considerable, entre ellas, la función normativa. Esto incluye la potestad reglamentaria. Este poder ha suscitado críticas sobre su constitucionalidad. La edición de los reglamentos por los organismos, sin embargo, es totalmente coherente con los principios constitucionales de la separación de poderes, de legalidad, y no viola una competencia exclusiva del Jefe del Ejecutivo. La teoría clásica del principio de la separación de poderes actualmente pasa por una revisión, que da prioridad a lo critério material em detrimento de lo orgánico. El principio de legalidad está en perfecta armonía con la teoria de deslegalización. Por último, la facultad de dictar los reglamentos no es una tarea exclusiva del Jefe del Ejecutivo, pero puede ser dado a otras entidades. De este modo, por una búsqueda de jurisprudencia y doctrina, es defendido en este trabajo la constitucionalidad de potestad reglamentaria de las agencias reguladoras.